El pasado 23 de septiembre el Ministerio de Justicia
anunció la inmediata puesta en marcha, desde el lunes 26 de septiembre,
del primer Protocolo Médico-forense de Valoración Urgente del Riesgo de
Violencia de Género. Este protocolo, instado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género,
contó para su elaboración con la participación de directores de
institutos de medicina legal y las aportaciones del catedrático Enrique
Echeburúa.
Durante el pasado mes de julio se había presentado un primer borrador, del que el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos de España
(COP) tuvo noticia por una nota de prensa emitida por el mismo
Ministerio. Conocida así la iniciativa, el Consejo se puso a disposición
del Ministerio para realizar aportaciones, ofrecimiento que, a la
postre, resultó infructuoso.
El Protocolo pretende la valoración del riesgo de
violencia grave de los denunciados por violencia de género en un plazo
de 72 horas, atribuyendo dicha tarea a médicos forenses mediante un
procedimiento de recogida de datos y la aplicación de la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R).
La ausencia de participación en el desarrollo del protocolo y la atribución de competencias de evaluación psicológica a los médicos forenses,
han creado un gran malestar entre los profesionales de la psicología
forense española. El mismo Sindicato Profesional de Médicos Forenses, en
carta remitida a la Directora General de Relaciones con la
Administración de Justicia, se expresaba reconociendo que se pedía su
participación: “...en una labor que dada su especificidad nunca hemos realizado hasta el momento actual”.
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