Residencias de tercera edad: pocas y baja financiación

El número de plazas en residencias para mayores en España está por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la financiación pública de las plazas concertadas no se ajusta a los gastos reales, lo que pone en peligro el desarrollo del sector y la sostenibilidad del sistema. Estas son las principales conclusiones de un informe elaborado por Price Waterhouse Coopers sobre la "Situación del Servicio de Atención Residencial en España", que ha sido presentado hoy por la directora de Sanidad y Farmacia de la consultora, Silvia Ondategui.

El informe también pone de manifiesto las importantes diferencias entre comunidades autónomas tanto en oferta de plazas y servicios ofrecidos, como en precios reales y subvencionados. Tras analizar la situación del sector y el previsible aumento de la demanda, el estudio subraya que "la sostenibilidad a futuro del sector se ve comprometida con los costes salariales y de operación actuales y las tarifas medias de concierto". Por ello, considera que "existe una oportunidad importante de desarrollo del sector residencial para los próximos años sobre la base de una buena colaboración público-privada" que debe ajustar las tarifas del concierto a los costes reales del servicio.

El 75% de los centros son de titularidad privada, y el número de plazas por centro se sitúa en torno a las 64

Según el informe, a finales de 2009, España contaba con 5.278 centros residenciales con una oferta de casi 322.600 plazas residenciales para mayores, lo que supone un aumento del 25 por ciento en los últimos seis años. Tres de cada cuatro centros, que suponen el 75 por ciento de las plazas, son de titularidad privada, y sólo una de cada cuatro plazas está cofinanciada por la Administración. El análisis de los datos revela que la media del número de plazas por centro se sitúa en torno a las 64 plazas por centros, con "diferencias importantes en la distribución de plazas por comunidades autónomas".

Otra importante diferencia entre regiones es la del número de plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, una proporción que, según la OMS debería ser del cinco por ciento. La media en España se sitúa en el 4,1 por ciento y varía entre el 7 por ciento de Castilla y León o el 6,8 por ciento de Castilla-La Mancha, y el 1,8 por ciento de Ceuta o el 2,2 por ciento de Murcia. "Esto implica que el crecimiento potencial de plazas residenciales podría situarse en torno a 70.000 plazas adicionales y que existe por tanto una demanda por satisfacer", apunta el informe.

En cuanto al coste real de las plazas residenciales y el nivel de financiación pública de las plazas concertadas, el informe concluye que hay un desfase que hace difícil el futuro desarrollo del sector debido a que los cálculos de la Administración están muy por debajo del coste real de la asistencia. Para llegar a esta conclusión, los autores del informe han realizado un exhaustivo análisis de los costes de cada plaza, que incluye tanto el precio del metro cuadrado del lugar en que está ubicado el centro, como el sueldo medio de cada uno de los profesionales que se necesitan para el buen funcionamiento del centro.

El coste de una plaza: 70 euros por día

Este capítulo supone el 70 por ciento de los gastos de gestión de un centro y es el que marca las más grandes diferencias entre comunidades. Según el informe, el coste medio de gestión de una plaza residencial es de 52 euros por día, aunque los valores fluctúan desde los 68,1 euros por día de Guipúzcoa hasta los 47,6 euros de Galicia. Si a ello se suman los gastos de construcción y equipamiento del centro, el resultado es que cada plaza cuesta 70 euros por día o 2.129 euros por mes, sin IVA.

Frente a estos cálculos, la tarifa media de plazas concertadas pagadas por las Comunidades Autónomas a los operadores privados se sitúa en torno a los 54 euros, "muy por debajo del coste medio estimado por plaza, que se sitúa en torno a los 70 euros", detalla el informe. Es por ello por lo que el estudio concluye que "la estructura económica actual de concertación de servicios de la mayor parte de las CCAA provoca déficit en los operadores", lo que pone en peligro la sostenibilidad futura del sector.