| Madrid 21/07/2010 A punto de cerrarse el proceso de universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS), pues todavía no se ha completado el mandato de la Ley General de Sanidad de 1986, se ha iniciado un movimiento en sentido contrario, el de su desuniversalización a través del copago de la asistencia pública, una medida mucho más grave que la privatización de la gestión asistencial. | ||
En los últimos meses, hemos conocido algunas proposiciones reclamando el cierre del proceso de univeralización de la asistencia sanitaria pública, pues la Ley General de Sanidad la dejó en una situación indeterminada. De alguna manera, se optó por tal indeterminación a la espera de contar con recursos para poder hacer frente a la extensión de los servicios asistenciales en cada momento. Por eso ahora nos vemos sorprendidos por ese movimiento de contradicción manifiesta, como es, por una parte, apostar por cerrar el proceso de universalización y, por otra y al mismo tiempo, anunciar su recorte. La gravedad de esta contradicción es que, mientras que la apuesta por el sistema público se hizo en aras de la equidad social, en especial para facilitar el acceso a la asistencia a los menos pudientes, el copago comporta cerrar las puertas a quienes no pueden pagar para que tengan más fácil acceso quienes sí pueden hacerlo. Esto sí que es una privatización de la asistencia, al poner los recursos públicos a disposición de quienes pueden pagar por ellos, aunque lo hagan dos veces. Conciencia del coste En el fondo de los planteamientos del copago aparece, de manera reiterada, una acusación al mal uso de los recursos públicos por parte de unos ciudadanos, los que no pueden pagar por ellos y que, de acuerdo con tales teorías, no deberían ponerse enfermos para contentar a tan suspicaces administradores. Quienes pueden ponerse enfermos son los que además pueden pagar por su asistencia y, en consecuencia, quienes pueden exigir cómo, cuándo y cómo debe tratárseles. Todo un ejemplo de política social al revés. Para ésto no debería haberse puesto en marcha el Sistema Nacional de Salud; hubiera sido suficiente con que a cada uno se le hubiera dado la posibilidad de apuntarse a una u otra aseguradora sanitaria. El Estado se hubiera ahorrado miles de millones de euros, pero no se hubiera podido presumir de justicia social ni de sistema sanitatrio público. En esas estamos en este momento, en que se nos quiere hacer comprender que no por consumir más recursos sanitarios uno tiene más salud. Bien es verdad que, en línea con lo afirmado en su día por un ministro de Sanidad, socialista por supuesto, una sanidad pobre es una sanidad de pobres. Lo que ahora se quiere, una vez dotada de cuantos recursos y medios pueden estar disponibles, es hacer una sanidad de ricos y dejar a los pobres fuera. Está visto, al final las crisis siempre terminan pagándolas los mismos, quienes no pueden hacer frente al copago. Carlos Nicolás Ortiz | ||
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